En
dicho encuentro participó la Junta Directiva de la asociación de afectados, el
alcalde del municipio y un grupo de abogados especialistas en derecho
administrativo
La asociación
de afectados por las inundaciones del arroyo “El Encantado” se reunieron hace
unos días con el alcalde del municipio, Blas Alves, y un grupo de abogados
especialistas en derecho administrativo para valorar la viabilidad de la
querella que los vecinos quieren interponer contra la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir.
En
dicho encuentro a tres bandas se explicó a los asesores jurídicos la situación
actual que sufren gran parte de los villanoveros y el primer edil aportó mucha
de la información que el Consistorio tiene en su poder sobre dicha problemática
“para que ellos busquen y tengan un punto donde argumentar la posible acción
judicial que quieren emprender contra dicho organismo público”, explicó Blas
Alves, en referencia a cada uno de los miembros de la entidad de afectados,
quién además, matizó: “Al final de la reunión lo que ha quedado claro es que el
Ayuntamiento está haciendo todo lo que puede por los vecinos y por solucionar
el problema”.
Es
obvio que la situación se agrava a medida que pasa el tiempo, debido a que el
cauce va a peor y a que la climatología también se vuelve más torrencial, como
señaló Alves: “Cada vez es todo más complicado porque cuando llueve lo hace de
forma torrencial y eso es algo que ha quedado también bastante claro durante la
reunión”. Además, las obras ejecutadas por ADIF en el año 2012 en las vías que
atraviesan “El Encantado” parece que tampoco ayudan a mejorar la situación,
sino todo lo contrario, ya que esa obra, según el equipo de Gobierno, lo que
hace es que toda el agua que viene desde la campiña, y que pasa por debajo de
la vía, desembalsa con mayor fuerza, provocando un mayor afluente.
No
obstante, hay más argumentos que se han ido sumando a lo largo de los años y que,
por lo tanto, hacen que el daño que se produce a los vecinos esté ocasionado
por distintas variables, como son: el estrecho cauce del arroyo, el que no esté
bien realizado para la escorrentía o que el pueblo haya seguido creciendo
durante todo este tiempo. “Los abogados les han propuesto recabar un poco más
de información para armar un buen expediente contra la confederación y el
objetivo será exigir el derecho patrimonial, es decir, aquello que no le ha
pagado el consorcio como compensación por la pérdidas ocasionadas”, destacó Blas
Alves. Asimismo, los asesores jurídicos también pusieron encima de la mesa la
posibilidad de luchar por la ejecución de algunos de los proyectos que, a lo
largo de todos estos años, se han elaborado para dar una solución al problema.
Eso sí,
los abogados dejaron bien claro durante la reunión que las medidas se deberán
tomar de forma individual y no colectiva. Es decir, las demandas se deberán
presentar de formar particular por cada vecino afectado. “Desde el Ayuntamiento
no descartamos presentar también una demanda patrimonial por todos los gastos
que hemos tenido por los desbordamientos”, matizó el alcalde de Villanueva de
la Reina.
