
El Ayuntamiento de Villanueva de la Reina ha aprobado en sesión plenaria una moción para exigir a la Junta de Andalucía una estrategia integral, estructural y con financiación garantizada frente al Virus del Nilo Occidental (VNO), cuya propagación está directamente relacionada con la proliferación del mosquito Culex. La iniciativa salió adelante con el apoyo de todos los grupos municipales, excepto el Partido Popular.
La moción aprobada denuncia la «inacción y pasividad» del Gobierno andaluz en esta materia, al tiempo que señala que el actual Programa Municipal de Vigilancia y Control de Vectores (PMVCV) es «ineficaz», se basa en la «improvisación» y traslada la responsabilidad y los costes de actuación a los municipios, sin ofrecer ni medios ni financiación. «No se trata de una simple plaga estacional, sino de una amenaza estructural de salud pública», recoge el texto.
El acuerdo plenario incluye un amplio catálogo de medidas que se reclaman a la Junta de Andalucía: desde reforzar la vigilancia entomológica y epidemiológica, hasta garantizar tratamientos larvicidas en invierno, impulsar campañas informativas, crear una mesa permanente de coordinación institucional e incluso asegurar el seguimiento médico y psicológico a los afectados por el virus.
Además, se exige un programa específico de cooperación económica dentro del Plan de Cooperación Municipal, que permita a diputaciones y ayuntamientos disponer de los recursos técnicos, materiales y humanos necesarios para cumplir con las actuaciones que exige el PMVCV.
La moción será trasladada al presidente de la Junta, al Consejo de Gobierno, a varias consejerías, a la Delegación del Gobierno en Jaén, al Parlamento andaluz, a la Diputación y a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).
No es la primera vez que desde el Ayuntamiento de Villanueva de la Reina se reclama ayuda a la administración autonómica. De hecho, esta iniciativa llega tras varias advertencias desde primavera sobre los elevados costes que recaen sobre las arcas municipales. En mayo, el alcalde Blas Alves advirtió que el despliegue de los planes de control —vigilancia vectorial y fumigaciones— puede suponer gastos anuales del entorno de 30 000–40 000 euros, una cifra “inasumible” para un municipio de menos de 5 000 habitantes.