En dicho encuentro participó la Junta Directiva de la asociación de afectados, el alcalde del municipio y un grupo de abogados especialistas en derecho administrativo
La asociación de afectados por las inundaciones del arroyo “El Encantado” se reunieron hace unos días con el alcalde del municipio, Blas Alves, y un grupo de abogados especialistas en derecho administrativo para valorar la viabilidad de la querella que los vecinos quieren interponer contra la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
En dicho encuentro a tres bandas se explicó a los asesores jurídicos la situación actual que sufren gran parte de los villanoveros y el primer edil aportó mucha de la información que el Consistorio tiene en su poder sobre dicha problemática “para que ellos busquen y tengan un punto donde argumentar la posible acción judicial que quieren emprender contra dicho organismo público”, explicó Blas Alves, en referencia a cada uno de los miembros de la entidad de afectados, quién además, matizó: “Al final de la reunión lo que ha quedado claro es que el Ayuntamiento está haciendo todo lo que puede por los vecinos y por solucionar el problema”.
Es obvio que la situación se agrava a medida que pasa el tiempo, debido a que el cauce va a peor y a que la climatología también se vuelve más torrencial, como señaló Alves: “Cada vez es todo más complicado porque cuando llueve lo hace de forma torrencial y eso es algo que ha quedado también bastante claro durante la reunión”. Además, las obras ejecutadas por ADIF en el año 2012 en las vías que atraviesan “El Encantado” parece que tampoco ayudan a mejorar la situación, sino todo lo contrario, ya que esa obra, según el equipo de Gobierno, lo que hace es que toda el agua que viene desde la campiña, y que pasa por debajo de la vía, desembalsa con mayor fuerza, provocando un mayor afluente.
No obstante, hay más argumentos que se han ido sumando a lo largo de los años y que, por lo tanto, hacen que el daño que se produce a los vecinos esté ocasionado por distintas variables, como son: el estrecho cauce del arroyo, el que no esté bien realizado para la escorrentía o que el pueblo haya seguido creciendo durante todo este tiempo. “Los abogados les han propuesto recabar un poco más de información para armar un buen expediente contra la confederación y el objetivo será exigir el derecho patrimonial, es decir, aquello que no le ha pagado el consorcio como compensación por la pérdidas ocasionadas”, destacó Blas Alves. Asimismo, los asesores jurídicos también pusieron encima de la mesa la posibilidad de luchar por la ejecución de algunos de los proyectos que, a lo largo de todos estos años, se han elaborado para dar una solución al problema.
Eso sí, los abogados dejaron bien claro durante la reunión que las medidas se deberán tomar de forma individual y no colectiva. Es decir, las demandas se deberán presentar de formar particular por cada vecino afectado. “Desde el Ayuntamiento no descartamos presentar también una demanda patrimonial por todos los gastos que hemos tenido por los desbordamientos”, matizó el alcalde de Villanueva de la Reina.
